Durante el viaje hecho por los senadores de la oposición al Gobierno de Iván Duque, Iván Cepeda y Roy Barreras con el fin de solicitarle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares, también se reunieron con José Miguel Vivanco, director de Human Rigths Watch (HRW), para entregarle detalles sobre el nuevo escándalo de interceptaciones ilegales que fue destapado recientemente por la revista Semana.

Durante esa reunión, Vivanco señaló que viajará a territorio colombiano con el fin de conocer de cerca sobre las denuncias de una presunta red de espionaje ilegal a medios de comunicación, periodistas, defensoras y defensores de derechos humanos, magistradas y magistrados, y dirigentes políticos, que habría sido desarrollada por agentes estatales en Colombia.

“Le hemos solicitado especial atención sobre este asunto como defensor de derechos humanos. Nos ha informado que visitará Colombia la próxima semana y en esa visita solicitará reuniones especiales con entes gubernamentales para indagar sobre estos asuntos”, indicó el senador del Partido de la U, quien junto a Cepeda serían una de las víctimas de estas interceptaciones.

“Nosotros hemos solicitado una reunión de Human Rights Watchs con la Comisión de Paz del Congreso para exponer en detalle nuestra preocupación por la necesidad de que haya independencia de poderes e independencia para el libre ejercicio de la oposición, de la crítica, de la prensa, de la justicia y de la democracia en Colombia”, aseguró el congresista.

Según la investigación de Semana, estas chuzadas se habrían realizado a través de equipos especiales que permiten captar las llamadas de teléfonos celulares y la instalación de un malware denominado “Hombre Invisible” en los dispositivos hackeados. Además, se habrían interceptado llamadas telefónicas y mensajes de texto de varios periodistas, magistrados, políticos y activistas.

Según la publicación periodística, las denuncias implicarían a agentes de los batallones de ciberinteligencia militar (Bacib) y al batallón de contrainteligencia de seguridad de la información del Ejército (Bacsi). El 18 de diciembre, una comisión de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Investigaciones Especiales de la Procuraduría allanaron las instalaciones del Batallón de Ciberinteligencia del Ejército en Facatativá, en busca de evidencia respecto a la denuncia de vigilancia ilegal.

Los oficiales que se encontraban en las instalaciones habrían negado realizar actividades ilegales y tener software o herramientas informáticas para estos fines. Miembros de la Procuraduría General que acompañaron esa diligencia habrían incautado varios equipos.

Vía El Espectador