Tribunal Superior de Bogotá admitió el recurso para estudio. Uber dijo que saldría el 31 de enero.

Una tutela que está en el despacho del magistrado del Tribunal Superior de Bogotá Juan Pablo Suárez Orozco es la vía con la que un conductor de Uber pretende frenar la inminente salida de la plataforma del país, luego de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El ciudadano, quien mencionó ser una persona con discapacidad de movilidad física y haber encontrado en Uber una oportunidad laboral, pidió en su tutela que se anule la decisión con la cual la SIC, tras una demanda de Taxis Libres, ordenó a la plataforma tecnológica Uber dejar de operar por competencia desleal.

“La plataforma de movilidad Uber constituye una fuente de generación de oportunidades de autoempleo para mí y para más de 88.00 socios conductores, muchos de ellos discapacitados. Esta alternativa de autoempleo flexible -que antes no existía- nos permite generar ingresos para vivir con dignidad y de forma independiente”, dijo el ciudadano.

Dijo que según el último censo, el 7,1 % de la población colombiana, 3’065.361 personas, tiene algún tipo de discapacidad, y que estas personas enfrentan diversas dificultades para su inclusión no solo laboral sino social y física en la sociedad. De hecho, citó la caracterización del Dane, y con base en ello dijo que las personas con discapacidad tienen menor nivel educativo, menor acceso a empleo “y viven, por tanto, más en la pobreza”.

Y explicó que producto de una caída sufrió afectación permanente en su movilidad que generó una disminución total de su capacidad laboral. Por ello, ha enfrentado muchas barreras para acceder a un trabajo o emprender una actividad económica propia, así como sostener a su familia. 

No obstante, añadió, en 2015 logró vincularse a Uber, en donde encontró al fin una actividad que se ajustara a su situación. “Hoy, mi oficio como conductor privado representa no solo mi única fuente de ingresos sino también mi proyecto de vida, mi dignidad, la forma de sostener a mi familia y superarme a mí mismo”, expresó.

Por ello argumentó que con la decisión de la SIC, se vulneran enfrentado a la “angustiosa situación de volver a depender de otros, a no poder mantenerme”. 

“Mi situación es la de cientos de socios conductores con discapacidad, para quienes la plataforma constituye una alternativa de trabajo que les permite generar ingresos para vivir con dignidad y de forma independiente”, enfatizó.

Aunque en su tutela el ciudadano también había pedido que, como medida cautelar, se suspendiera la decisión de la SIC sobre Uber, el magistrado no concedió por el momento esa solicitud, aunque sí vinculó al proceso a varias entidades a las que les dio un día para allegar su respuesta a la acción constitucional.

Este miércoles, por ejemplo, llegó al despacho del magistrado la respuesta de la Agencia Nacional del Espectro. Al proceso también fueron vinculados el Ministerio de las Tecnologías, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Ministerio de Transporte, y las empresas Claro, Movistar, Tigo y ETB.

Vía El Tiempo