Han sido varios los momentos en lo que Puerto Gaitán ha ocupado la agenda noticiosa de los diarios más importantes del País, sin embargo, esto no ha sido únicamente por temas culturales, turísticos o petroleros como normalmente algunos hemos visto.

El ‘Paraíso Natural’ también ha resonado en la agenda noticiosa Nacional por los escándalos ligados a la política en los que se han visto inmersos varios líderes y dirigentes locales.

En este artículo citaremos en un breve repaso, a cinco personalidades que, en su momento, protagonizaron escándalos judiciales que los pusieron en la palestra pública.

Oscar Bolaños Cubillos

Considerado uno de los personajes más influyentes de la política en la región de Puerto Gaitán, ha sido paradójicamente, uno de los funcionarios locales con más investigaciones ante la justicia. Bolaños logró ser Alcalde del municipio durante dos periodos, siendo el último en 2008 a 2011, cuando la Procuraduría General de la Nación lo inhabilitó por 12 años, tres días antes de ser elegido como alcalde.

La Procuraduría le impuso la sanción, al comprobar que Bolaños en el año 2003, siendo alcalde de Puerto Gaitán, ayudó a elegir a su cuñado, el entonces mandatario de Puerto Gaitán, Jaime Apolonio Ballesteros Cantillo.

En el fallo se señalaba que Bolaños, quien también había sido alcalde en el periodo 2001-2003, participó indebidamente en política el 26 de octubre de 2003, porque alojó a un grupo de indígenas en un polideportivo del municipio, para que votaran por Ballesteros, utilizando un bien oficial para beneficiar esa campaña política.

Además suscribió dos contratos, por dos millones de pesos, cada uno, para hacer labores de aseo en las calles de la población, pero que en realidad eran pregoneros de la campaña de Ballesteros. Oscar Bolaños con el aval del Partido Liberal, fue elegido alcalde de Puerto Gaitán con 2.863 votos, superando a Rosario Sanabria de la Alianza Social Indígena que alcanzó 1.565 votos.

Para aquel entonces, la candidata Rosario Sanabria pidió a la Procuraduría que tomara las medidas inmediatas que impidieran que una persona con tantas investigaciones asumiera la Alcaldía, según informó el diario El Tiempo, citando fuentes.

Finalmente, Bolaños se posicionó como Alcalde por segunda vez, sucediendo a su cuñado.

A Bolaños Cubillos le siguieron otras investigaciones cuando ocupó el cargo de director del Departamento de Planeación del municipio de Villavicencio, por las irregularidades que se detectaron en la presentación del proyecto de modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad, que se tramitaba en el concejo a finales del año 2005.

En la Fiscalía cursaron varios procesos en su contra por presunta celebración indebida de contratos y por peculado.

En noviembre de 2019 cuando Oscar Bolaños aspiraba a la Alcaldía de Puerto Gaitán por tercera vez, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la casación propuesta por el exalcalde, Óscar Erwin Bolaños Cubillos, condenado por el delito de celebración de varios contratos sin el lleno de los requisitos legales, en concurso homogéneo y sucesivo. Estos hechos se presentaron durante su administración en 2001.

La acción judicial del exmandatario ante la Corte buscaba modificar la condena en su contra, pero el alto tribunal decidió mantener en firme la pena de 60 meses de prisión contra Bolaños Cubillos.

De la misma manera se mantuvo en pie la multa de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y los 75 meses de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas, contra el procesado.

Las irregularidades por los cuales fue condenado Bolaños estuvieron relacionadas con la construcción de gaviones en el río Manacacías, la construcción de la primera etapa del cerramiento de un colegio con separación del área preescolar, la construcción de una batería de baños, adecuación del área para instalar juegos infantiles en la vereda El Porvenir y la construcción de un salón y un laboratorio para un centro educativo, según informó La Fiscalía en un comunicado de prensa, citando fuentes.

Edgar Humberto Silva

Investigación por el caso de ‘Las Calvas’

Una vez que Oscar Bolaños quedó elegido como alcalde de Puerto Gaitán en 2001, su administración tuvo como personero a Edgar Silva y con él nació la historia de las Calvas. Eran indígenas y blancas que fueron calveadas, maltratadas y sometidas a trabajo forzado por el bloque de las Autodefensas Campesinas del Meta y del Vichada.

“Esto de las calvas fue idea del personero Edgar Silva, él hablaba con Don Pablo y le comentaba los problemas que le llegaban a diario a la oficina de la personería…”, dijo alias Pocillo.

El ex paramilitar Fredy Bohorquez, alias “Pocillo” aseguró que estos hechos fueron solicitados y aceptados por Silva…

Durante 2001 y 2002, las AUC patrullaron Puerto Gaitán buscando a las indígenas y los jóvenes “desobedientes” …

“Don Pablo decidió a algunas mandarlas a un sitio donde se hacían prácticas y entrenamientos y allí los pusieron a lavar ropa a lavar camiones, a servirles a los muchachos…”

Según Bohórquez, la labor de identificar a los indígenas no fue exclusiva de las AUC.

“El personero don Edgar nos acompañaba, se subía al carro y nos señalaba quién era la persona”.

Bohórquez denunció estos hechos ante la Fiscalía 59, de Justicia y Paz, de Villavicencio. Edgar Silva se posesionó como alcalde, después del segundo mandato de Bolaños, pese a los informes de la Misión de Observación Electoral, en donde se evidenciaron presuntas pruebas de compra de votos y de trashumancia electoral a favor de Silva, según informó Noticias Uno, citando fuentes.

Investigado por no vigilar el cumplimiento oportuno del contrato suscrito con el Consorcio Aguas de Puerto Gaitán

En el año 2013, Silva González también fue investigado por no vigilar el cumplimiento oportuno del contrato suscrito con el Consorcio Aguas de Puerto Gaitán para “la construcción y optimización de sistema de acueducto para el casco urbano por el sistema de barcaza para el municipio de Puerto Gaitán”.

Al parecer, Silva González no vigiló que se realizaran las gestiones para conseguir las licencias y permisos necesarios para la ejecución del contrato por lo que hubo un retraso inicialmente de seis meses y luego de un año, hasta que la obra fue suspendida, según informó El Universal, citando fuentes.

Demanda por elección

La elección de Edgar Silva en el 2011, fue demanda por Natalia Leyva Quijano, la actual secretaria de Educación, Desarrollo Económico y Turismo, quien obtuvo la segunda votación en esos comicios celebrados el 30 de octubre de 2011, con el argumento de que el electo alcalde estaba inhabilitado para ejercer el cargo ya que pesaba sobre él una prohibición al haber desempeñado funciones como personero del mismo municipio hasta septiembre de 2010.

Aseguró la demandante de la elección que para este caso se aplicaba la prohibición que tienen los alcaldes para inscribirse a un cargo de elección popular durante el periodo para el cual fueron elegidos y los 24 meses siguientes de haber dejado la administración municipal.

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura amparó los derechos del alcalde Silva, al declarar que no incurrió en ninguna inhabilidad para ser electo como burgomaestre para el periodo 2012 – 2015.

Alexander Fierro Guayara

Imputado por concierto para delinquir y financiamiento de bandas criminales

En el año 2019, Alexander Fierro fue imputado por la Fiscalía Nacional Especializada contra organizaciones criminales del Villavicencio (Meta) como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir y financiamiento de banda criminales.

La decisión cobijó además a Luis Alberto Bohórquez Prada, Rubén Darío González García, Fernando Villalobos Rodríguez y José Damián Londoño Ávila. Los imputados dijeron no aceptar los cargos imputados.

La defensa de los implicados señaló que se trataba de un montaje por parte de exintegrantes de la banda criminal Libertadores del Vichada que -dijeron- los extorsionó.

Por su parte, la Fiscalía pidió detención en centro carcelario contra los implicados, sustentada en testimonios entregados por testigos quienes refirieron supuestas visitas a líderes de la organización criminal. Los encuentros, se habrían cumplido, al menos, en tres fincas y establecimientos públicos del sector.

De la misma manera, se presentaron versiones de personas privadas de la libertad a quienes les habrían entregado dinero para comprar armamento y ordenado muertes selectivas.

Al respecto, se habla de sumas de entre 700 y 800 millones de pesos que habrían financiado la campaña del entonces mandatario. En contraprestación el mandatario, una vez en el cargo, habría realizado nombramientos y, supuestamente, entregado el 3 por ciento de distintos contratos, según informó La Fiscalía en un comunicado de prensa, citando fuentes.

Investigación por presuntas irregularidades en contrato

En junio de 2020, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra los entonces alcalde José Alexander Fierro Guayara (2016-2019), y secretario de Agropecuaria y Medio Ambiente, Leonardo Andrés Restrepo Terranova (2016-2019), por presuntas irregularidades en la ejecución del Contrato de Suministro 215 de 2018, por valor de $4.356.985.000 pesos.

Se investiga el posible pago de hechos cumplidos a la Unión Temporal Ganaderos Altillanura, con la que se suscribió el negocio jurídico con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), para establecer un sistema de ganadería, con implementación silvopastoril y el mejoramiento de pasturas para resguardos indígenas y pequeños productores de Puerto Gaitán.

César Pérez

El excandidato a la alcaldía y concejal electo de Puerto Gaitán, Luis César Pérez Gaitán; el empresario Ramón Mateus Portilla, y José Fernando Abella Yepes, recibieron en marzo de 2020, medida de aseguramiento en centro carcelario por presuntas presiones indebidas y exigencias económicas a compañías petroleras para obtener contratos.

De acuerdo con la investigación, los procesados, al parecer, habían acordado acciones de constreñimiento ilegal, extorsiones y otras conductas contra el sector petrolero que pretendía explorar en la verada Rubiales, en Puerto Gaitán.

Las indagaciones demostrarían que, en una oportunidad, habrían exigido 50 millones de pesos a una compañía de la región para permitirle la movilización de un equipo industrial, y evitar bloqueos y obstrucciones por parte de la comunidad. Según la denuncia, 25 millones de pesos, supuestamente, fueron consignados en una entidad bancaria y el dinero restante entregado en efectivo.

La Fiscalía imputó a los procesados cargos por concierto para delinquir con fines de extorsión agravado.

Al término de la audiencia, el juez ordenó la captura de Héctor Sánchez Gómez, integrante de la Junta de Acción Comunal de la vereda Rubiales, en Puerto Gaitán, quien había quedado en libertad y tendría participación en los actos ilícitos.

Capturas

El concejal de Puerto Gaitán, Luis César Pérez Gaitán; y José Fernando Abella Yepes fueron capturados mediante orden judicial por investigadores del CTI de la Fiscalía, con apoyo del Ejército Nacional. Por su parte, el empresario Ramón Mateus Portilla se entregó voluntariamente, según informó la Fiscalía en un comunicado de prensa, citando fuentes.

 A inicios de 2021 Cesar Pérez y los implicados fueron puestos en libertad para afrontar el proceso fuera del centro carcelario.

Zulay Méndez

A pesar de ser un rostro relativamente nuevo dentro de la política portogaitanense, Zulay Méndez ha sido una figura controversial al verse envuelta en un escándalo judicial, al poco tiempo de ser electa como concejal por el partido Cambio Radical.

Con medida de aseguramiento quedó cobijada Méndez Gualteros en diciembre de 2019, al ser acusada por el asesinato de su esposo, un empresario de la región.

El Juzgado segundo Penal Municipal con función de control de garantías de Villavicencio impuso medida privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria contra la cabildante electa para el periodo 2020 – 2023.

Lo hizo como presunta autora intelectual del homicidio de su esposo, el transportador Luis Felipe Gálvez Jiménez, en hechos ocurridos el 12 de junio de 2016 y por el cual habría pagado 60 millones de pesos al grupo armado organizado GAO libertadores del Vichada.

El juez también ordenó una medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención intramuros contra Marcos Tulio Nieto Riaño, presunto autor material de la muerte del transportador y pareja sentimental de la concejala electa.

La juez sustentó su decisión en contra de la detenida porque no tiene antecedentes, “tiene arraigo, es madre de un menor de edad” y acababa de salir de una cirugía estética.

En cuanto a los otros cuatro detenidos como presuntos integrantes de esa misma banda criminal, el juzgado ordenó detención privativa de la libertad consistente en detención domiciliaria.

Estas seis personas fueron procesadas por el delito de concierto para delinquir y homicidio, en el caso de Nieto Riaño y Méndez Gualteros.

La Fiscalía les imputó cargos a la concejal electa y a las cinco personas más por los delitos de fabricación, tráfico y/o porte de estupefacientes en concurso con concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados.

Según dio a conocer la Fiscalía, la investigación inició con declaraciones recibidas, entre otras, por ex integrantes de ese grupo armado organizado recluidos en la cárcel, con los que se pudo establecer la presunta responsabilidad de un hombre y una mujer en el homicidio de un transportador y la participación de otras cuatro personas en el tráfico de estupefacientes, formando parte de esa estructura criminal.

Por eso la Fiscalía, junto a investigadores de la Policía Nacional, determinaron la presunta responsabilidad de Zulay Slendy Méndez Gualteros, concejal electa y de Marcos Tulio Nieto Riaño integrante GAO, en la muerte del dueño de la empresa transportadora SIS Transportes S.A, Luis Felipe Gelvez Jiménez, el 12 de junio de 2016.

Según el ente acusador, la mujer los habría contratado para apoderarse de las propiedades escrituradas de manera compartida durante su relación amorosa con la víctima.

“Zulay Méndez habría pagado 60 millones de pesos por quitarle la vida a su ex pareja”, dijo la Fiscalía durante la imputación de cargo. Entre los testimonios se encuentra el entregado por la misma víctima, quien alcanzó a hablar antes de fallecer por causa de los tres disparos recibidos por el sicario, según informó RCN Radio, citando fuentes.

Méndez se pudo posesionar como concejal, solo hasta octubre de 2021, tras lidiar batalla con el proceso que le impedía ocupar el cargo de servidor público.